Sebastián, de 11 años, estaba frente al mostrador de una heladería en Guayaquil el pasado domingo. Sus padres y su hermana pequeña también estaban dentro del local. De repente sonaron muchos disparos: dos delincuentes y un policía se enfrentaban en un tiroteo en la esquina de la calle donde se encuentra la heladería. El padre logró poner a su hija a salvo debajo de una mesa, pero a Sebastián, que trató de correr hacia su madre, lo alcanzó una bala mortal.

En los últimos meses, la violencia en Ecuador ha aumentado considerablemente. Entre enero y octubre de este año, se registraron en el país sudamericano casi 1.900 homicidios (once por cada 100.000 habitantes), según el gobierno. En 2020 fueron casi 1.400 en todo el año. La principal causa de la violencia es la creciente presencia de carteles de narcotraficantes mexicanos rivales y la lucha por el dominio de las rutas de tránsito del comercio internacional de drogas. Al estar situado entre los principales productores de drogas, Colombia y Perú, Ecuador es un importante centro de contrabando hacia Estados Unidos y Europa.

Guayaquil, la ciudad más grande del país, se ve especialmente afectada. Allí, a finales de septiembre, volvieron a estallar disturbios en un centro penitenciario completamente superpoblado, que dejaron más de un centenar de muertos. En las hacinadas cárceles ecuatorianas se producen una y otra vez sangrientos motines.

Motín en un centro penitenciario de Guayaquil a finales de septiembre.

Motín en un centro penitenciario de Guayaquil a finales de septiembre.

El estado de excepción y los motivos políticos

El lunes de esta semana, el presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción a nivel nacional durante 60 días, alegando la necesidad de una lucha decidida contra la delincuencia en el país. Los militares y la policía fueron enviados inmediatamente a las calles para garantizar la seguridad. Además, el estado de excepción otorga a las autoridades la facultad de restringir la libertad de circulación y de reunión. Con tono marcial, el presidente prometió su pleno apoyo a las fuerzas de seguridad y les garantizó impunidad en el desempeño de sus funciones.

Por ello, muchos observadores sospechan que las razones para la declaración del estado de excepción son muy distintas a la de la lucha contra la violencia en el país. «Es aterrador que Lasso amplíe el concepto de delincuentes y terroristas para incluir a quienes protestan, como los indígenas, los cultivadores de arroz o las organizaciones de transporte. Debido al estado de excepción, las huelgas y protestas de estas organizaciones se ha paralizado por el momento», dice a DW Constantin Groll, director de la oficina de la fundación alemana Friedrich Ebert en Ecuador.

Al parecer, también el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, consideró oportuno recordar al presidente Lasso que debe respetar las reglas democráticas. Durante su visita a Quito, Blinken afirmó que el Gobierno ecuatoriano estaba decidido a luchar contra el narcotráfico sin violar los «valores democráticos». José Miguel Vivanco, director ejecutivo para América Latina de Human Rights Watch, advirtió a su vez de la presencia de los militares en las calles, señalando que «las fuerzas armadas están entrenadas para la guerra, no para controlar el orden público y la delincuencia».

El problema fundamental: la pobreza y la crisis económica

Una política populista de mano dura y una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad en las calles puede ocultar fácilmente los verdaderos problemas del país, aseguran los críticos. Y afirman que la base de la violencia en Ecuador tiene que ver con la creciente pobreza y la desigualdad social. El país sudamericano, con sus aproximadamente 17 millones de habitantes, se encuentra en una profunda crisis económica. Según las cifras del gobierno, el producto interno bruto se desplomó un 7,5 por ciento el año pasado. Alrededor de un tercio de los ecuatorianos vive actualmente en la pobreza, proporción que ha aumentado considerablemente desde el comienzo de la pandemia.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken.

Desgaste político

El conservador y exbanquero Lasso asumió la presidencia de Ecuador recién en mayo de este año, después de una estrecha victoria electoral, pero, al parecer, se está desgastando rápido. Tras las revelaciones de los «Papeles de Pandora», el Parlamento ecuatoriano votó a favor de una investigación parlamentaria contra el presidente. La investigación debe examinar si Lasso violó la ley al poseer activos en paraísos fiscales.

«La popularidad de Lasso aumentó enormemente en los primeros meses de su gobierno. Una exitosa campaña de vacunación le dio un buen comienzo a su presidencia», indica el antropólogo ecuatoriano Jacques Ramírez Gallegos en entrevista con DW. Pero ahí terminaría la lista de sus logros. La ruptura con el Partido Demócrata Cristiano, que le ayudó a llegar a la presidencia, le privó de la mayoría que necesitaba en el Parlamento para aprobar los proyectos de reforma urgentes. «La falta de experiencia y la torpeza también hicieron que ninguno de los proyectos legislativos previstos por el Gobierno de Lasso pudiera ser aprobado en el Parlamento», afirma Ramírez Gallegos. Los proyectos más importantes ni siquiera habrían fracasado por su contenido, sino por razones formales. 

«El estado de excepción puede considerarse, por tanto, como parte de una serie de acciones gubernamentales que, como mínimo, reflejan un desprecio por las normas e instituciones democráticas y la falta de una cultura política de consenso», sostiene, por su parte, el responsable de la oficina de la FES en Quito.

(ct/er)

 





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